Las detenciones arbitrarias en Venezuela tienen que terminar. Me refiero a esos casos en los que algunos funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado privan ilegítimamente de libertad a ciudadanos que no se encuentran en situación de flagrancia y que tampoco cuentan con una orden judicial de aprehensión.
En muchos de estos casos las personas son sacadas de sus domicilios o interceptadas en la vía pública y trasladadas por la fuerza a comandos policiales bajo el argumento de supuestos informes de inteligencia. Posteriormente comienzan presiones indebidas que en ocasiones terminan en mecanismos de extorsión. Estos hechos no son simples rumores. Son situaciones que han sido denunciadas y documentadas en distintas partes del país.
La pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo se van a seguir justificando detenciones sobre la base de que alguien dijo algo o de que existe un informe interno que nadie puede verificar? Un informe de inteligencia no puede sustituir la Constitución ni el debido proceso. La libertad personal es un derecho fundamental que solo puede limitarse bajo los supuestos establecidos por la ley.
Los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación de fijar límites claros a sus funcionarios. No se trata únicamente de discursos institucionales. Se requieren lineamientos firmes y sanciones ejemplares para quienes incurran en estas arbitrariedades. Un funcionario que detiene a una persona sin orden judicial y fuera de los supuestos legales debe ser investigado y sancionado conforme a la ley por violación de derechos humanos y por privación ilegítima de libertad.
También es necesario insistir en algo fundamental. La ciudadanía debe denunciar. Muchas personas sienten temor o desconfianza, pero el ordenamiento jurídico venezolano contempla mecanismos de protección para víctimas y testigos, y esas herramientas deben activarse. Cuando un ciudadano sea víctima de una extorsión o de una detención ilegal, debe acudir al Ministerio Público y dejar constancia de los hechos.
Las denuncias públicas también son un mecanismo legítimo para visibilizar estos abusos, siempre que se actúe con responsabilidad y sin incurrir en señalamientos infundados. Lo que no puede seguir ocurriendo es que estas prácticas se normalicen o queden impunes.
Si realmente se quiere avanzar hacia una justicia más cercana a la gente y hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, lo primero que debe hacerse es poner fin a estas prácticas arbitrarias que vulneran la libertad y la dignidad de los ciudadanos.
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