La justicia uruguaya ha dictado sentencia en uno de los casos más dolorosos y complejos de la historia reciente del país. La jueza María Noel Odriozola condenó a Moisés Martínez Pereira, de 28 años, a la pena de 12 años de prisión por el homicidio de su padre, Carlos Martínez. El fallo ha desatado una ola de indignación y un debate nacional sobre las fallas del Estado en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual.
La historia de la familia Martínez Pereira, compuesta por los padres y seis hijos con nombres bíblicos, ocultaba tras una fachada de fervor religioso un sistema de «tortura sistemática». Según los testimonios de Sara y Ana, hermanas del condenado, Carlos Martínez sometía a sus hijos a castigos inhumanos: desde duchas de agua helada durante horas en la madrugada hasta abusos sexuales repetidos.
Sara, quien hoy tiene 26 años, recordó cómo su padre utilizaba la manipulación psicológica tras los ataques: «Me pedía perdón llorando y me daba un alfajor. Me sentía culpable, sentía que permitía el abuso por el dulce». El terror no se limitaba a los hijos; la madre, Mercedes Pereira, sufrió agresiones físicas que resultaron en la pérdida de su dentadura y, según se reveló recientemente, el aborto forzado de un embarazo tras una golpiza.
El detonante: El «colapso» de Moisés
El crimen ocurrió el domingo 25 de mayo de 2025. Días antes, Moisés descubrió la magnitud total del daño sufrido por su familia. Su madre, aterrorizada por nuevas amenazas de Carlos, quien pretendía obtener la tenencia del hijo menor de 15 años, le mostró su dentadura postiza confesando que el padre le había volado los dientes a golpes años atrás.
Tras hablar con sus hermanas, quienes confirmaron haber sido violadas durante años, Moisés entró en un estado de «colapso emocional». Pese a los ruegos de Sara para que no se acercara a él, Moisés buscó a su padre para exigirle una disculpa. El encuentro terminó con el joven disparando 14 veces contra su progenitor. Moisés permaneció dos días junto al cuerpo antes de entregarse voluntariamente a la policía.
El fallo judicial
La sentencia de la jueza Odriozola ha sido el punto crítico de la controversia. La magistrada descartó aplicar el artículo 36 del Código Penal, que contempla el «perdón judicial» en casos de homicidio provocados por un sufrimiento crónico derivado de violencia doméstica. El argumento de la jueza se basó en que la familia no agotó los «mecanismos de protección primaria» antes de llegar al crimen.
Sin embargo, la defensa y las víctimas sostienen que el Estado falló desde el inicio. Sara denunció a su padre por primera vez en 2010, cuando tenía 12 años. En aquel entonces:
- Fue revictimizada por peritos que le hicieron preguntas traumáticas y burlonas.
- El agresor recibió una condena de solo tres años, de los cuales cumplió apenas una fracción.
- Tras salir de prisión, el padre continuó acechándolas en sus lugares de estudio y trabajo sin que existiera una medida de protección efectiva.
Repercusión política y social
El caso ha escalado hasta la esfera presidencial. El mandatario Yamandú Orsi recibió a Ana y Sara en una audiencia privada, reconociendo la gravedad del trasfondo social del caso. Mientras tanto, Moisés cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica a la espera de que la justicia resuelva el recurso de apelación presentado por su defensa.
Al ser detenido, Moisés envió un último mensaje a su hermana Sara que resume el peso del trauma familiar: «Ya te puedes comer el alfajor en paz».
